Exponen los retos de la vivienda social en México 

Édgar Velasco 

Lo dicen los organismos internacionales y lo dice también la Constitución: la vivienda adecuada es un derecho humano. Sin embargo la práctica dice otra cosa: cada vez es más complicado hacerse de un lugar para vivir, ya sea como propietario o por arrendamiento, y en muchas ocasiones las viviendas están en lugares con servicios públicos insuficientes o en condiciones que no son precisamente las mejores, por no hablar de los altos costos y los bajos salarios. Durante el Segundo Foro y Taller Retos de la Vivienda Social en Jalisco se puso en evidencia la necesidad de abordar el tema de la vivienda desde una perspectiva de derechos humanos y no, como ha venido ocurriendo, desde una lógica de mercado. 

La primera parte de la actividad, organizada por el Departamento del Hábitat y el Desarrollo Urbano (DHDU) del ITESO y con sede en la Casa Clavigero, consistió en una serie de ponencias cortas en las que se expuso la evolución de los precios, las estrategias para combatir el rezago habitacional, los programas públicos de acceso y mejoramiento de vivienda e incluso cómo se vio afectado este tema por la pandemia de la Covid-19.  

Óscar Castro, académico del DHDU, impartió la conferencia “Estrategias de vivienda asequible para ciudades medias en Jalisco”. Para comenzar, habló de los orígenes del Proyecto de Aplicación Profesional (PAP) Vivienda Adecuada para Grupos Vulnerables, que surgió para apoyar a “familias que habían perdido su casa por desastres naturales”. Recordó el trabajo realizado en San Mateo del Mar, Oaxaca, población que se vio afectada por los sismos de 2017. Además de obtener el Premio Nacional de Vivienda en 2020, esta iniciativa también permitió constatar la “poca disponibilidad de profesionales con experiencia en atención al tema de la vivienda social en México”, dijo Castro y agregó que por eso se perfiló el PAP con el objetivo de formar profesionales en este tema, considerando que en México hay un rezago habitacional con viviendas construidos con materiales precarios y sin servicios, entre otros problemas. 

El académico habló del trabajo que han realizado junto con el municipio de Poncitlán. Expuso que muchos de los problemas que ocurren en el Área Metropolitana de Guadalajara se replican en las poblaciones medias, como el desarrollo de fraccionamientos en las periferias, donde hay pocos servicios, o el incremento de los precios para venta y renta de inmuebles, lo que da pie al surgimiento de ciudades dormitorio. “Es fácil decir que esto ocurre porque no hay planeación, pero no es verdad: sí hay planeación, pero se está dejando en manos de los desarrolladores”, dijo Castro. 

Ante la situación, expuso, es necesario que gobierno, academia e iniciativa privada trabajen de manera conjunta para proponer soluciones y diseñar planes de desarrollo con visión de mediano y largo plazo para generar vivienda asequible, adecuada y regulada, que sea progresiva (es decir, que los inmuebles puedan crecer y adaptarse), que sea consistente con el patrimonio urbano y cuidadosa del medio ambiente, entre otros aspectos. También expuso algunos de los prototipos que se han diseñado para construir en ese municipio de la ribera de Chapala y concluyó reiterando la importancia de contar con un plan maestro que ordene el crecimiento urbano, permita la combinación de uso de suelo habitacional y comercial para permitir la adecuación de locales comerciales en las viviendas y así reducir traslados e impulsar la economía de las familias y, sobre todo, impulsar la vivienda adaptable a los cambios y necesidades de sus habitantes. 

Durante la conferencia “Vivienda adecuada en el contexto latinoamericano”, Emma Morales García de Alba, coordinadora del Doctorado en Hábitat y Sustentabilidad del ITESO, comenzó recordando que “la vivienda es, o debe verse como, un derecho humano, no como un simple bien de consumo”. Este cambio de enfoque permitiría generar un cambio en las lógicas de construcción y uso de las fincas, considerando que cada vez más “vivimos en un mundo predominantemente urbano” en el que persisten la desigualdad, la inseguridad y la precariedad. 

La región, expuso Morales, tiene problemas como el déficit habitacional, el acceso desigual a la vivienda, una urbanización acelerada que propicia los asentamientos informales y dificultades de financiamiento. “Hay cosas que hemos normalizado, como priorizar el cajón de estacionamiento aun cuando no se tengan autos, la falta de una ley que proteja al inquilino, la informalidad de cuello blanco con rentas irregulares o que no pagan impuestos”, mencionó. 

Si bien la Organización de Naciones Unidas (ONU) menciona siete condiciones para que una vivienda sea adecuada —tenencia, acceso a servicios e infraestructura, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicación y adecuación cultural—, Emma Morales mencionó que estas son difíciles de medir, por lo que ha venido cobrando fuerza un modelo que considera cinco aspectos que sí son medibles: disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. 

Una vez concluidas las exposiciones, se realizó una sesión de taller y diálogo en el que las y los asistentes intercambiaron experiencias y compartieron sus dudas con las y los expositores.